Hace unos días, el Concejo Regional del Gobierno Regional Metropolitano emitió un declaración pública luego de una sesión ordinaria en donde se abordó, tras la solicitud de la presidenta de Comisión de la Mujer y Equidad de Género, Ruth Miranda Muñoz, la posibilidad de exigir a los legisladores que se establezca la inhabilidad para ejercer cargos públicos de aquellas personas condenadas por violencia intrafamiliar o abuso sexual.
En un contexto en el que varias autoridades elegidas para ejercer cargos de representación popular se han visto involucradas en hechos de esta connotación, el CORE expresó que la solicitud se hace en virtud de la «alta exigencia en el respeto a los derechos y la dignidad de las mujeres» que se espera de una autoridad.
«Hacemos un llamado a los legisladores y futuros constituyentes que establezcan como causales de inhabilidad para ejercer cargos o autoridades de elección popular, aquellas personas que hayan sido condenadas por crimen o simple delito contemplado en el Código Penal, en la Ley de Violencia Intrafamiliar y en otras leyes especiales que sancionen hechos constitutivos de delitos en contra de la mujer», indica el comunicado.
Asimismo, declararon que «la responsabilidad que tienen todos los actores de la sociedad, sea en el ámbito público y/o privado, para promover instancias destinadas a prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia y/o discriminación en contra de la mujer».
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