En los últimos años se ha generado un enorme debate público en torno a la regulación y uso de los controles de identidad en nuestro país, el que se ha reactivado con el reciente homicidio de Francisco Martínez a manos de un oficial de Carabineros, tras intentar realizar un control preventivo de identidad.
Los académicos de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce y Ricardo Lillo, publicaron un estudio utilizando los mismos datos de la policía uniformada, que revela una escasa eficacia de esta facultad y su focalización en ciertos grupos de la población.
En este contexto, su trabajo «pretende contribuir al debate público y al mejor conocimiento de la práctica de los controles de identidad por medio de la presentación de un conjunto de datos estadísticos de diversas fuentes que permiten construir una imagen más detallada del uso que en la actualidad tiene este mecanismo en el país», señalan los autores.
El estudio se apoya en el uso de una base de datos que contiene el total de controles de identidad realizados por Carabineros en el período de un año comprendido entre los meses de abril de 2017 y marzo de 2018 y que fue obtenida en enero de 2019 por los autores, luego de un dilatado proceso judicial bajo la regulación del procedimiento de acceso a la información pública.
En la investigación, ambos académicos pudieron establecer que efectivamente se produce una ‘discriminación estadística’, además de la baja eficacia en su implementación, la que se refleja al momento de comparar los controles realizados a personas extranjeras por sobre las chilenas. También, comprobaron que existe una mayor ‘carga’ contra mujeres en comparación con hombres, además de las diferencias en tasas de eficacia, las que se producen al comparar los niveles socioeconómicos de los controles realizados, según el estudio.
Los resultados del estudio
Respecto de la nacionalidad, la investigación concluye que: “La tasa de eficacia de los controles realizados a extranjeros es significativamente inferior a la de los nacionales. Esto se traduce en una diferencia de 2,11 puntos porcentuales y de un 119,88% si se toma como base la tasa de los extranjeros».
«De acuerdo con la metodología seguida, estaríamos en presencia de un claro caso de «discriminación estadística» en contra de los extranjeros. Ellos soportarían una carga muy superior de controles a lo que las probabilidades de detener o encontrar una orden de detención pendiente tendrían en comparación con los chilenos”, señala el estudio.
Los hallazgos son similares con respecto al sexo de la persona. “Al igual que en el caso anterior los resultados muestran la existencia de un fenómeno de discriminación estadística en perjuicio de las mujeres. La diferencia en puntos porcentuales es cercana a 1 (0,98) y la porcentual es de 32,3%. Si bien se aprecia una brecha menor que en el caso de los nacionales y extranjeros, igualmente estamos en presencia de una diferencia significativa que mostraría un problema relevante”.
El resultado se repite en el análisis por nivel socioeconómico. “Los resultados muestran efectivamente una situación de discriminación estadística en contra de las comunas de ingresos más bajos en las tres agrupaciones que realizamos, superior en puntos porcentuales y porcentaje que a la división general», dice el estudio.
Además, «las principales diferencias en la tasa de eficacia se concentrarían entre el 10% y 20% de las comunas de mayores y menores ingresos, reafirmando la idea que a mayores diferencias de ingreso se daría un comportamiento de mayor discriminación”, señala la investigación.
En conversación con La Tercera, el abogado Mauricio Duce -realizador del estudio- explica que la realidad nacional es similar a la que se vive en otros países donde se implementa este sistema de control de identidad. “Esto se complementa con toda la evidencia que existe a nivel comparado, que ocupan otros métodos porque tienen más información, que tiende a mostrar que el uso de facultades tan amplias como los controles de identidad tienden a generar este tipo de situaciones. La evidencia que hay es muy sólida», indicó el experto.
De la base de datos analizada se desprende que la tasa global de eficacia es 3,83%. Al observarse por tipo de control, la tasa de eficacia es de 6,38% tratándose de los controles del Código Procesal Penal y de 3,52% en los controles preventivos. En esa misma línea, el estudio concluyó que “no existe evidencia que sustente la idea que esta medida ha tenido un impacto en generar mayor capacidad de prevenir delitos y detener a personas”.
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